El 2025 quedará marcado como un punto de inflexión en la política mendocina, sobre todo en la memoria y balance de Alfredo Cornejo: fue el año en que logró blindar su hegemonía en el tablero político de Mendoza y avanzar con leyes que abren la puerta a la megaminería metalífera y a la exploración en glaciares, a todas luces el tema más áspero y de mayor resistencia social en esta provincia. Con una mayoría parlamentaria sólida y una oposición debilitada, convirtió a la Legislatura en el escenario de su poder para imponer no sólo leyes pro minería, sino iniciativas impopulares como la reforma del Estatuto del Empleado Público, que pasó como por un tubo por el recinto legislativo.
Para abrochar el año, Cornejo hasta pudo ofrendar a su socio político, Javier Milei, una ley pionera que habilita a las mineras a actuar en ambientes periglaciares. Fue aprobada en el paquete minero y le sirvió al gobernador para venderse como pionero en la materia en la previa de una discusión que se anticipa de antología: la modificación de la Ley de Glaciares.
Embed - Javier Milei sobre la Ley de Glaciares: "La idea original es de Alfredo Cornejo"
En paralelo, mientras el oficialismo celebraba victorias legislativas y vendía a Mendoza como “tierra de oportunidades” en foros promineros, las calles, las rutas, las plazas y en las últimas semanas los tribunales volvieron a ser espacios de resistencia. Aunque las protestas no alcanzaron la masividad de la pueblada de 2019 que frenó a Rodolfo Suárez con su intento de reformar la Ley 7722 para habilitar el uso del cianuro en la minería, se multiplicaron las movilizaciones territoriales y las acciones judiciales que buscan torcerle el brazo al poder político.
El 2025 termina con una pulseada desigual y una provincia partida en dos narrativas en pugna: unos pelean en defensa de lo que está arriba de la cordillera —agua, glaciares, ecosistemas— y otros por extraer lo que está debajo y codician las potencias mundiales — plata, cobre y oro—.
La hegemonía de Cornejo
El Senado sancionó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino en Uspallata, con 29 votos a favor y apenas 6 en contra. La votación expuso la fractura del Partido Justicialista, dividido entre intendentes que acompañaron al Ejecutivo y un núcleo kirchnerista que se mantuvo en contra. Para Cornejo, la victoria fue doble: logró imponer su proyecto insignia y dejó al descubierto la debilidad de la principal fuerza opositora, que viene de perder seis elecciones consecutivas.
No fue un hecho aislado. El 12 de noviembre de 2024, la Legislatura aprobó el Código de Procedimiento Minero y transfirió el manejo del agua a Irrigación, debilitando de hecho la Ley 7722. Ese movimiento implicó también la disolución del EPAS (Ente Provincial del Agua y Saneamiento) como actor con capacidad de control, concentrando las decisiones en un organismo bajo el ala del Ejecutivo.
Con amplio consenso legislativo y protestas populares, aunque de menor magnitud y más dispersas que en 2019, Cornejo consiguió lo que Suárez no pudo en 2019, cuando debió retroceder ante una pueblada histórica. El avance del plan minero se consolidó con la aprobación en bloque de 34 proyectos de exploración en Malargüe. Con 33 votos a favor y sólo tres en contra, el Senado refrendó la estrategia oficialista de dar “señales a los inversores” y mostrar un “clima de negocios” sin conflictividad.
La reglamentación del Código de Procedimiento Minero terminó de blindar el esquema. La Dirección de Minería quedó con poder de decisión sobre las concesiones, mientras el Consejo Minero, integrado por representantes designados bajo el ala del Ejecutivo, pasó a un rol secundario. La Ley 7722, símbolo de la resistencia ambiental, quedó convertida poco más que en letra muerta, como advirtieron algunos legisladores de la oposición. Uno de ellos llevó el tema a la justicia: pidió una "acción declarativa" para que ésta determine la vigencia, o no, de la ley llamada "guardiana del agua" por los asambleístas y "antiminera" por los empresarios del sector.
La resistencia en calles y rutas
Con ese panorama, las calles, rutas y plazas de Mendoza volvieron a convertirse en escenario de resistencia antes, durante y después de la aprobación de la DIA de San Jorge. Las protestas fueron la muestra de que el oficialismo impone la megaminería con respaldo político, pero la licencia social que se promociona a los inversores no cierra sin persecución a quienes se movilizan en contra: el año arrancó con el encarcelamiento de referentes de las asambleas de Uspallata y cerró con la detención de dos hermanos en medio de un operativo de represión.
Delegaciones del Valle de Uco, del sur mendocino y de Uspallata encabezaron innumerables marchas. En General Alvear, la Ruta 0 se consolidó como punto focal de la oposición.
Desde la aprobación del proyecto San Jorge, las protestas se multiplicaron: ruidazos, marchas en pueblos, cortes de ruta y asambleas. La Infantería cortó el paso en Chile y Colón, mostrando que el conflicto no cesa.
El agua de Mendoza y una consigna que molesta al oficialismo
Durante casi dos décadas, la consigna “El agua de Mendoza no se negocia” fue un grito que trascendió las asambleas ambientales.
Sin embargo en las últimas semanas, el Gobierno provincial se apropió del lema, dándole un giro inesperado. Así como Javier Milei se inventó un Antonio Gramsci de derecha distorsionando sus célebres Cuadernos de la cárcel, la administración mendocina tomó la consigna ambientalista y la resignificó en clave oficialista.
La judicialización del conflicto
Tras la aprobación de la Ley 9684 que ratificó la DIA de San Jorge, rebautizado como PSJ Cobre Mendocino, se presentaron tres amparos distintos:
A ellos se sumaron dos acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte: una de más de veinte vecinos del Gran Mendoza y Uspallata y otra de la asociación civil OIKOS Red Ambiental. Esta última denunció un “cheque en blanco” otorgado por el Estado a la empresa Minera San Jorge S.A.
Blindado ante las protestas
Llegamos al final de 2025 con una provincia atravesada por tensiones. Alfredo Cornejo logró blindar su hegemonía política y avanzar con leyes que convierten a Mendoza en un territorio abierto a la megaminería. La oposición, debilitada y fracturada, no pudo frenar el avance oficialista.
Pero las calles y los tribunales demostraron que el conflicto no está cerrado. Las marchas multitudinarias, las consignas identitarias y las acciones judiciales configuran un frente de resistencia que mantiene viva la disputa.
