El acuerdo difundido por la Casa Blanca reconoce explícitamente la necesidad de aumentar la oferta de minerales críticos para sostener la transición energética y los sistemas de almacenamiento eléctrico. El entendimiento se apoya de manera directa en el Memorándum de Entendimiento sobre minerales críticos firmado en agosto de 2024 entre el Departamento de Estado y la Cancillería argentina.
Minerales críticos, en el centro del acuerdo
El Memorándum de Entendimiento firmado en 2024 por Diana Mondino ya había trazado la hoja de ruta: compartir información, coordinar proyectos, fijar estándares ambientales y sociales, y garantizar que las empresas estadounidenses accedan en tiempo real a oportunidades de inversión. El nuevo acuerdo de 2025 profundiza esa lógica, con apertura de mercados, eliminación de aranceles y compromisos de cooperación regulatoria. En los hechos, se trata de una arquitectura que posiciona a Argentina como engranaje subordinado de la seguridad económica norteamericana.
La narrativa oficial celebra este giro como motor de desarrollo, pero la contracara es evidente: la política minera parece redefinirse en función de intereses externos. Aquí la presión por flexibilizar la Ley de Glaciares aparece como condición implícita para consolidar el rol de Argentina en la relación con Estados Unidos. La discusión en Mendoza se inscribe, por tanto, en un tablero geopolítico donde las decisiones locales no pueden escindirse de una batalla geopolítica por los minerales y otros recursos estratégicos.
cornejo piedra
San Jorge es un proyecto caro a los intereses de Alfredo Cornejo, quien leyó en el espaldarazo en las urnas como un aval para avanzar.
Embed - Javier Milei sobre la Ley de Glaciares: "La idea original es de Alfredo Cornejo"
La Mesa del Cobre
En ese contexto se reunieron la semana pasada en Mendoza los gobernadores de la Mesa del Cobre, integrada por Mendoza, San Juan, Salta, La Rioja y Jujuy (también Salta, pero su gobernador no pudo asistir). Estos mandatarios se alinean en torno a la promesa de inversiones multimillonarias y generación de empleo, mientras empresas como Vicuña Corp preparan solicitudes al RIGI por más de 14.000 millones de dólares.
La narrativa de la cumbre combinó promesas de “seguridad jurídica” para los que vengan a llevarse los minerales, con la necesidad de facilitarles caminos y provisión de energía para la faena. Caminos, energía y leyes blandas.
MEsa del cobre (4)
Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
En ese marco de "federalismo minero" es que se celebró la flexibilización de la Ley de Glaciares, dejando a cada jurisdicción la llave de recursos estratégicos que son patrimonio común y, por tanto, la negociación con las multinacionales.
La autonomía provincial se convierte en herramienta para fragmentar la protección de bienes comunes y abrir negociaciones desiguales con empresas transnacionales. En nombre de la transición energética y la “seguridad nacional” de Estados Unidos, Argentina corre el riesgo de redefinir su mapa ambiental y político en función de necesidades ajenas.
Dictamen adverso en paralelo
Mientras el Ejecutivo busca blindar el proyecto San Jorge, la Comisión de Derechos y Garantías, presidida por José Luis Ramón (Protectora), trabaja en un dictamen alternativo.
La audiencia, enmarcada en la Denuncia Nº 87517, buscó visibilizar que el debate no se reduce a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), sino que involucra derechos vulnerados y un modelo extractivo que criminaliza la protesta. El dictamen adverso se perfila como contrapeso político y social frente al avance del oficialismo.
El proyecto San Jorge, que vuelve a la Legislatura mendocina tras el contundente rechazo del 2014, se convierte en símbolo de esta disputa mayor. La defensa de Latorre se inscribe en un clima donde el gobierno nacional celebra la integración con la economía norteamericana y promete un millón de empleos como contracara de la flexibilización ambiental.
San Jorge es apenas la punta del iceberg de un dilema mayor: desarrollo subordinado a acuerdos internacionales o soberanía ambiental y social. La decisión que se tome marcará el rumbo político, económico y social de Mendoza.
