La extracción mineral que planea Proyecto San Jorge es impulsada por el Gobierno y resistida por vecinos y asambleístas. Breve historia de una pueblada.
La mina de oro y cobre que quiere construir San Jorge en Uspallata es resistida por vecinos y asambleístas desde 2010.
Este sábado Uspallata vuelve a ocupar el centro de la escena por uno de los conflictos ambientales más persistentes y emblemáticos de Mendoza: el proyecto San Jorge. Se realizarán dos audiencias públicas simultáneas: una oficial, organizada en un campamento minero por el Gobierno y la empresa que quiere construir la mina de oro y cobre; otra en la parroquia del pueblo, convocada por vecinos y asambleístas que rechazan el proyecto.
A quince años de la primera audiencia cuya contundencia fue clave para frenar el proyecto en la discusión legislativa, el conflicto resurge con nuevos actores, viejas tácticas y un pueblo movilizado que no olvida octubre de 2010.
En octubre de 2010, miles de personas se movilizaron hacia un galpón de Vialidad en Uspallata para participar de la audiencia pública sobre el mismo proyecto que se debate hoy. Autos, colectivos y caminatas desde los barrios se conjugaron en una masiva expresión de rechazo popular que obligó a los gobiernos de los peronistas Celso Jaque y Paco Pérez a frenar la iniciativa en la Legislatura. La audiencia no es vinculante, pero es un termómetro que mide el ánimo social y en ese sentido, 15 años atrás, fue determinante.
Alfredo Cornejo —hoy impulsor del proyecto— fue entonces uno de los opositores activos. En su segunda gobernación, con la economía provincial exhibiendo números en rojo, la minería metalífera ha sido entronizada como tabla de salvación. El mandatario sostiene que “la licencia social” ha cambiado debido al desempleo y la pobreza, y busca legitimar el proyecto mediante esta audiencia.
La jornada del 2 de agosto tendrá dos epicentros:
La audiencia oficial, en un campamento montado por la minera cerca del yacimiento, avalada por la Fiscalía de Estado y la jueza Cecilia Landaburu tras el rechazo de una cautelar presentada por la ong Oikos, el exlegislador Marcelo Romano. También organismos de Derechos Humanos acudieron, sin éxito, a la Justicia en un intento de frenar la audiencia.
La audiencia popular, en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Cuyo, organizada por vecinos, con plenario abierto. Allí habrá música, comida compartida y participación de delegaciones de toda la provincia que arribarán en un caravanazo que desde la madrugada transitará las rutas para confluir en la villa.
Vecinos presentaron un recurso de amparo para exigir al Gobierno que garantice la seguridad de quienes participen, denunciando que la simultaneidad y el contexto pueden generar un clima de hostilidad.
Varios organismos científicos han cuestionado la viabilidad técnica y ambiental del proyecto San Jorge:
UNCuyo: advirtió que la empresa no presentó propuestas de impermeabilización para los depósitos de colas. El drenaje ácido de roca (DAR), uno de los mayores riesgos, podría afectar suelos y aguas sin garantías de mitigación.
Facultad de Ciencias Médicas: evaluó los cuatro productos químicos que San Jorge usará para la extracción (MIBC, SIBX, APAM, CaO). Recomendó no usar SIBX ni APAM por sus efectos nocivos sobre la salud y el ambiente, e instó a realizar evaluaciones de riesgo previas y transparentes.
Dirección de Hidráulica: cuestionó el sistema tipo "tirolesa" propuesto para captar agua del arroyo El Tigre. Señaló la falta de un estudio hidrológico robusto y advirtió sobre afectaciones al caudal ecológico en un contexto de sequías crecientes.
OIKOS Ambiental: destacó que el balance hídrico del proyecto ignora fenómenos como El Niño y La Niña, anticipa una reducción del 45% del caudal del arroyo El Tigre y no evalúa impactos acumulativos aguas abajo.
IADIZA (CONICET): denunció graves deficiencias metodológicas y falta de rigor en el Estudio de Impacto Ambiental. Plantea que podrían ponerse en riesgo ecosistemas frágiles de alta montaña si no se corrigen las omisiones.
José María Cortés (CONICET): en su informe geológico desmonta el marco del estudio ambiental: delimitaciones arbitrarias, uso de métodos electromagnéticos poco fiables y supuestos invisibles que encubren afectaciones reales a los cursos de agua que alimentan a Uspallata y, potencialmente, a Mendoza ciudad.
Como en diciembre de 2019, cuando una pueblada defendió la Ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería, los caminos mendocinos convocaron a un caravanazo desde todos los puntos cardinales de la provincia.
Desde la madrugada del 2 de agosto, delegaciones partirán desde Malargüe, San Rafael, Tunuyán, Tupungato, Luján y otras localidades hacia Uspallata. Bajo la consigna “El agua de Mendoza no se negocia”, estiman que cientos de personas confluirán en una jornada comunitaria en la audiencia popular, con fuerte presencia cultural y territorial.
La disputa por San Jorge tiene un capítulo aún abierto imposible de eludir: el de la persecución a vecinos opositores al proyecto. En enero de este año, durante una jornada de protesta en simultáneo con la inauguración de la oficina de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, grupos promineros agredieron a golpes a integrantes de la Asamblea de Uspallata. Todo quedó registrado en videos.
Uno de los episodios más graves fue el incendio del presidente de la cámara, Edgardo Vera, cuya autoría fue reconocida por Pablo González, alias El Mostro, una persona con problemas de larga data con Vera y con vínculos políticos con la UCR de Las Heras a través de su hija. A pesar de esta admisión, los hechos fueron utilizados por el Gobierno provincial para acusar a los vecinos de promover la violencia.
Poco después, dos referentes de la Asamblea fueron detenidos: Federico Soria y Mauricio Cornejo, acusados por Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, por presuntas amenazas. Fueron liberados con medidas cautelares, pero deben acudir periódicamente a tribunales, en un proceso que organizaciones sociales consideran parte de un intento de intimidación judicial para desarticular la oposición.